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AMLO busca prohibir el outsourcing. Crédito: Gobierno de México

¿Qué dicen los empresarios sobre la iniciativa de AMLO para prohibir el outsourcing?

El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó una iniciativa para prohibir el outsourcing o subcontratación de personal en México, la cual, advierten empresarios pondría en riesgo millones de empleos.

La secretaria de Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, indicó que se prohibirá el acto por el que una persona física proporcione o ponga a disposición trabajadores propios en beneficio de otra empresa, es decir, que “no puede haber empresas que simulen sus relaciones laborales y que cuenten con trabajadores que trabajen para otros”.

Alcalde explicó que la reforma propuesta está integrada por modificaciones y armonizaciones en la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, la Ley del Instituto Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), el Código Fiscal, la Ley del Impuesto sobre la Renta y la Ley del IVA.

La funcionaria federal calificó esta iniciativa como “una reforma integral que permita cortarle los tentáculos al pulpo de la subcontratación y armonizar las diferentes leyes para que no existan huecos que permitan este tipo de simulaciones”.

Según datos ofrecidos por la secretaria de Trabajo, 4.6 millones de trabajadores están contratados bajo esta figura en México, con un crecimiento anual de 200,000 empleados, especialmente en empresas grandes y en sectores como la industria o el turismo.

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La iniciativa propuesta por el Poder Ejecutivo modificaría la reforma laboral introducida en 2012, de modo que se incluiría la regulación de esta figura laboral en lo referente a los servicios y obras especializadas y las agencias de colocación.

En el caso de los servicios y obras especializados, la reforma permitirá la aplicación del outsourcing siempre y cuando dichos servicios no formen parte del objeto social ni de la actividad económica de la empresa beneficiaria.

Para ello, se va a requerir una autorización por parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) para que el trabajador sepa qué tipo de empresas están autorizadas para realizar estas tareas.

En lo referente a las agencias de colocación, la iniciativa establece que estas podrán intervenir en el proceso de contratación, esto es, en el proceso de reclutamiento, selección, entrenamiento, capacitación, entre otros; pero, en ningún caso, el intermediario podrá ser el empleador ni podrá contratar en sustitución.

En el caso de incumplimiento de la norma por parte de las empresas, se procederá un delito de fraude fiscal y no se les permitirá la deducción de impuestos, además de enfrentarse a la imposición de multas.

¿Qué dijeron los empresarios?

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) dijo estar de acuerdo con que se combata el uso irregular de la figura de la subcontratación para defraudar a los trabajadores. Sin embargo, consideró que esta iniciativa no acata el Convenio número 144 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que promueve el tripartismo y el diálogo social, en el que se asegura que las voces de las organizaciones de empleadores y trabajadores sean escuchadas.

El presidente de este organismo empresarial, Gustavo de Hoyos, escribió en su cuenta de Twitter que esta iniciativa de reforma “traiciona el compromiso de construir ese cambio legal a partir del consenso con el sector privado. Se acordó expresamente con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y no cumplen”.

El organismo empresarial a cargo de Gustavo de Hoyos advirtió que con esta propuesta se pone en una condición de indefensión a 4.6 millones de trabajadores ocupados en el país bajo esta modalidad, según datos del Censo Económico 2019.

La Coparmex dijo que esta propuesta podría afectar la competitividad de México en el marco del recién renegociado Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

En un comunicado, el organismo dijo que esta iniciativa “tiene efectos fiscales adversos y resulta desproporcionada, ya que prohíbe la posibilidad de hacer deducibles del ISR y acreditar el IVA, catalogando tales actos como defraudación fiscal”.

En tanto, el Consejo Coordinador Empresarial dijo que la propuesta del presidente López Obrador genera “sorpresa y preocupación”.

El consejo, encabezado por Carlos Salazar Lomelín, advirtió que esta regulación conllevaría a efectos nocivos en la economía, como la pérdida de empleos, especialmente en sectores como el aeroespacial, minero, automotriz y de electrónica.

“Tal como está planteada, la propuesta desalienta la creación de empleos y pone en riesgo miles de puestos de trabajo, lo que agravaría la frágil situación económica de nuestro país debido al escaso crecimiento y los efectos de la pandemia de Covid-19”, dijo el CCE en un comunicado.

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